Un senador de EEUU propone condenar con un máximo de treinta años de cárcel a quien grabe sin permiso en una granja
El senador estadounidense Jim Norman ha propuesto que quienes graben en vídeo o tomen fotografías en una granja sin permiso del propietario puedan ser condenados con penas de hasta treinta años de cárcel y multas de hasta 10.000 dólares.
El senador Norman afirmó el pasado viernes 4 de marzo ante los granjeros de la Pasco County Fairgrounds que la intención de esta propuesta de ley promulgada a petición de Wilton Simpson, un destacado propietario de una granja de huevos de Dade City y presidente de la Pasco County Fair Association, es proteger a los granjeros «de la A a la Z» así como «sus derechos de la propiedad y la propiedad intelectual sobre las operaciones de la granja».
La propuesta 1246 pretende poner fin a las investigaciones que revelan la explotación de los animales en las granjas así como impedir que activistas por los derechos animales entren a trabajar en las granjas con el objetivo de grabar lo que en ellas sucede.
La senadora republicada Sandy Greiner de Keota, declara que la ley es una respuesta a las investigaciones de grupos:
«Quiero decir, realizan grabaciones para cerrar un negocio y ese individuo que abusa de esos animales debería ser enjuiciado así como la persona que graba porque está permitiendo que suceda sin intentar detenerlo.»
Ana-Klara Anderson, abogada del bufete Thomas & LoCicero especializado en leyes sobre los medios, afirma que la propuesta es inconstitucional y que si «por algún movimiento oculto, resulta aprobada, entonces cualquier intento de aplicar la ley subrayaría la restricción que supone hacia la libertad de prensa». En la misma línea, Judy Dalglish, directora ejecutiva del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, denominó la propuesta de ley como «simplemente inconstitucional, por no decir estúpida» mientras que Chuck Isenhart, representante demócrata de Dubuque, considera que la propuesta puede violar la Primera Enmienda.
Las investigaciones en centros de explotación animal han demostrado a lo largo de los últimos años ser una forma efectiva de ayudar a los animales dando a conocer la realidad de las granjas, mataderos y laboratorios, ayudando al público a tomar una decisión informada sobre lo que consume conociendo las consecuencias que tal consumo tiene para los animales. Es por ello que no es de extrañar que la industria de explotación animal desee mantener su negocio a salvo de las cámaras y trate de perseguir a quienes, una y otra vez, les ponen en evidencia.
En España las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento han sido respondidas por parte de la industria con la amenaza de emprender acciones legales pero por el momento no ha llegado a intentar promulgar leyes que dificulten la labor de investigación que se está llevando a cabo.
