Ley general de protección animal impulsada en México
La Cámara de Diputados de México ha recibido una iniciativa de ley de protección animal sin precedentes que podría marcar un antes y un después en el bienestar animal en el país. Se trata de la propuesta para crear la primera Ley General de Bienestar, Protección y Cuidado Animal, un marco jurídico de alcance nacional que busca garantizar estándares mínimos de protección para todos los animales, independientemente del estado o municipio en el que se encuentren.
La iniciativa ha sido trabajada e impulsada por Igualdad Animal México y presentada formalmente en el Palacio Legislativo de San Lázaro por la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano. El objetivo principal es poner fin a la fragmentación legal existente y avanzar hacia un sistema coherente y efectivo de protección animal.
Reconocer a los animales como seres sintientes
Uno de los pilares centrales de la propuesta es el reconocimiento legal de los animales como seres sintientes, conscientes y sujetos de protección. Este enfoque supone un cambio profundo respecto a la consideración tradicional de los animales como meros bienes y abre la puerta a interpretaciones legales más avanzadas en favor de su bienestar.
La iniciativa plantea que la ley tenga carácter de orden público e interés social, de modo que la protección animal no dependa de coyunturas políticas ni de la voluntad puntual de las autoridades. Además, introduce el denominado “principio pro animal”, que establece que, en caso de duda en la aplicación de la norma, esta deberá interpretarse siempre en el sentido más favorable al bienestar del animal.
Un marco común para todo el país
Actualmente, la protección animal en México depende en gran medida de legislaciones estatales y municipales, lo que genera importantes desigualdades. La nueva ley pretende proteger a todos los animales que se encuentren de forma permanente o transitoria en el territorio nacional, estableciendo una base común que garantice derechos mínimos en todo el país.
La propuesta contempla protecciones específicas para distintos grupos de animales, incluyendo animales de compañía, animales utilizados para el trabajo, animales empleados en investigación y animales criados y explotados para el consumo humano, un ámbito en el que la industria ganadera concentra algunos de los mayores niveles de sufrimiento.
Distribución clara de competencias
Otro de los aspectos clave de la iniciativa es la distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno, con el fin de mejorar la aplicación y supervisión de las políticas de bienestar animal.
Según el texto presentado, la Federación asumiría responsabilidades como la reglamentación de la ley, la definición de la política nacional de bienestar animal, la emisión de normas oficiales y la aplicación de medidas sanitarias relacionadas con los animales destinados al abasto.
Por su parte, los estados y la Ciudad de México tendrían competencias para desarrollar políticas de bienestar animal, aprobar y actualizar sus propias leyes en la materia, crear Consejos Estatales de Protección Animal y vigilar el cumplimiento de las normas dentro de su ámbito territorial.
En el ámbito local, los municipios serían responsables de impulsar políticas municipales de bienestar animal, promover una cultura de respeto hacia los animales, gestionar centros de salud y bienestar animal, supervisar las condiciones de los mataderos, y organizar campañas de vacunación, esterilización y adopción.
Participación ciudadana y rendición de cuentas
La iniciativa también refuerza el papel de la sociedad civil al establecer que cualquier persona podrá denunciar ante las autoridades competentes actos u omisiones que afecten la integridad de los animales. Asimismo, prevé la creación de Consejos Estatales de Bienestar Animal en los que participen administraciones públicas, academia y organizaciones de la sociedad civil.
Durante la presentación ante los medios de comunicación, la diputada Laura Ballesteros subrayó la urgencia de saldar lo que calificó como una deuda histórica del Congreso con los animales, señalando que el maltrato animal se ha convertido en un problema estructural que requiere una respuesta legislativa integral.
Desde Igualdad Animal México, su directora Dulce Ramírez destacó que esta propuesta es el resultado de años de trabajo conjunto de organizaciones y activistas, y recordó que en 2024 se logró incluir a los animales en la Constitución mexicana, un paso fundamental que da sustento jurídico a esta nueva ley.
Un proceso legislativo aún en marcha
Tras su presentación, la iniciativa ha sido turnada a comisiones parlamentarias, donde deberá ser analizada y dictaminada antes de pasar al pleno de la Cámara de Diputados. En caso de ser aprobada, continuará su tramitación en el Senado de la República.
Desde Igualdad Animal, organización internacional presente también en España, se valora esta iniciativa como un avance significativo en la lucha por el reconocimiento y la protección efectiva de los animales, y como un ejemplo del impacto que puede tener la presión social organizada en la transformación de las leyes.
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