La Junta de Castilla y León abre un expediente sancionador al matadero Vicente de Lucas tras la denuncia de Igualdad Animal
La Junta de Castilla y León ha iniciado un expediente sancionador contra el matadero Vicente de Lucas Fuentetaja, en Segovia, tras la denuncia presentada por Igualdad Animal por posibles infracciones de la normativa de bienestar animal durante la matanza de más de 200 ciervos procedentes de actuaciones de control poblacional en el Monte de El Pardo.
La decisión supone un paso importante después de meses de actuaciones por parte de la organización y confirma que los hechos denunciados merecen una investigación por parte de la Administración.
Expediente sancionador por una posible infracción muy grave
Según la comunicación remitida por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, el expediente sancionador se ha iniciado por la falta de comprobación de los indicadores de aturdimiento tras el empleo del arma de proyectil libre, una actuación que podría constituir una infracción muy grave de la Ley 32/2007 para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y matanza. La legislación contempla sanciones de entre 6.001 y 100.000 euros para este tipo de infracciones.
El procedimiento se encuentra actualmente en fase de instrucción, por lo que será la propia Administración la que determine si existieron incumplimientos y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
Una denuncia tras documentar la matanza de ciervos
El origen del expediente se encuentra en la denuncia que Igualdad Animal presentó el 22 de diciembre de 2025 ante la Junta de Castilla y León, tras documentar posibles incumplimientos de la normativa de bienestar animal durante la matanza de más de 200 ciervos en el matadero Vicente de Lucas, ubicado en la provincia de Segovia. Los animales procedían de actuaciones de control poblacional realizadas en el Monte de El Pardo.
La organización también trasladó la denuncia a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), a la que ha mantenido informada del desarrollo del procedimiento.
Cuando el caso se hizo público el pasado mes de mayo, la Consejería de Sanidad señaló que el establecimiento contaba con autorización para el sacrificio de caza de cría, que la actividad se desarrollaba bajo supervisión veterinaria oficial y que se habían formulado requerimientos para reforzar las garantías de bienestar animal.
Sin embargo, Igualdad Animal recordó entonces que su denuncia nunca cuestionó la autorización administrativa del matadero, sino las prácticas observadas durante las operaciones de manejo, aturdimiento y matanza, así como la eficacia de los mecanismos de control destinados a garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.
Igualdad Animal reclama transparencia
Más allá del expediente sancionador, la organización considera que siguen existiendo importantes interrogantes sobre el funcionamiento de los sistemas de control en este caso.
El pasado 22 de mayo de 2026, Igualdad Animal solicitó formalmente acceso a la documentación relacionada con la actuación administrativa, incluyendo los informes de los Servicios Veterinarios Oficiales, las actas de inspección, las medidas correctoras adoptadas, los protocolos aplicados y toda la información relativa al Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los Animales (SVBA), cuya instalación es obligatoria en los mataderos españoles.
Hasta la fecha, la Junta de Castilla y León no ha facilitado esa información, por lo que la organización ha presentado una reclamación ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León.
Para Igualdad Animal, una de las cuestiones fundamentales es conocer cómo pudieron producirse las irregularidades denunciadas en un establecimiento autorizado, sometido a controles oficiales y obligado legalmente a disponer de un sistema de videovigilancia, sin que estos hechos fueran detectados previamente. La organización reclama que se esclarezca el funcionamiento real de estos mecanismos y su capacidad para prevenir y detectar incumplimientos de la normativa de bienestar animal.
La Junta de Castilla y León ha confirmado además que los ciervos sacrificados en el matadero Vicente de Lucas que fueron declarados aptos para consumo humano tras la inspección veterinaria oficial se incorporaron a la cadena alimentaria y que las canales obtenidas fueron destinadas a establecimientos dentro del territorio nacional.
«Ahora deben esclarecerse las responsabilidades»
Anna Mulá, gerente de Incidencia Legislativa de Igualdad Animal, valora positivamente la apertura del procedimiento, aunque insiste en que la investigación debe llegar hasta el final.
La apertura del expediente sancionador supone un primer paso y confirma que los hechos denunciados requerían una respuesta por parte de la Administración. Al mismo tiempo, la Junta ha confirmado que los ciervos sacrificados en este matadero se incorporan a la cadena alimentaria. Este caso demuestra que el consumidor no tiene ninguna forma de saber si la carne que llega a su plato procede de un proceso en el que se haya respetado la legislación de bienestar animal. Ahora es imprescindible que la instrucción analice el alcance de los posibles incumplimientos, que se esclarezca qué falló en los mecanismos de control y que, si se acreditan responsabilidades, existan consecuencias proporcionales a la gravedad de los hechoslos hechos
Igualdad Animal continuará realizando un seguimiento del procedimiento y reclamando la máxima transparencia durante toda la investigación, con el objetivo de garantizar que la legislación de bienestar animal se aplique de forma efectiva y que situaciones como esta no vuelvan a repetirse.
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