Primera condena penal a un taurino de Tordesillas

6 diciembre, 2015

El pasado lunes en Valladolid, el juez titular del Juzgado de lo Penal número 3, impuso la primera condena a taurinos de Tordesillas. El condenado es Luis H., de 33 años de edad, que agredió brutalmente a una defensora de los animales arrojándole una piedra a la cabeza.

La condena es de seis meses de multa a razón de 3 euros al día. Además la condena conlleva responsabilidad subsidiaria: por cada dos días no pagados el condenado tendría que responder con un día de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad.

El juez lo condena también a pagar una indemnización de 800 euros a la defensora de los animales agredida.

Los hechos sucedieron el 17 de septiembre de 2013, cuando el condenado lanzó una piedra a la activista, que protestaba junto a otros defensores de los animales contra la barbárica celebración del Toro de la Vega.

La víctima tuvo que recibir atención hospitalaria y se le tuvieron que dar puntos de sutura en la cabeza.

David Rocamora, abogado de la víctima e integrante de la organización Acción Legal Animalista valoraba la sentencia positivamente: «la brutalidad del Toro de la Vega ya no se dirige sólo al animal, también a las personas».

La sentencia «muestra cómo se responde, desde algunos defensores del Toro de la Vega, al coraje y a la libertad de expresión de los animalistas: con lanzamiento de piedras», añadía.

Rocamora, además, aprovechó para reprimir al alcalde socialista de la localidad de Tordesillas por lanzar al toro contra defensores de los animales indefensos en la edición de este año. Rocamora le pone en aviso ya que dicho comportamiento podría constituir un delito al igual que el brutal lanzamiento de piedras.

Al respecto de la edición de este año, el alcalde socialista de Tordesillas declaró que la suelta del toro Rompesuelas mientras todavía había defensores de los animales en el recorrido fue acorde a la normativa y que «los activistas son mayores de edad». Asimismo aprovechó para escudarse en que la Guardia Civil le había dado el permiso para soltarlo, aun poniendo en peligro las vidas de los activistas.