Igualdad Animal acusa a la Junta de Castilla y León de ocultar irregularidades tras la difusión de las imágenes de un matadero de ciervos
La Fundación Igualdad Animal denuncia que la Consejería de Sanidad de Castilla y León haya eliminado de su discurso público el expediente sancionador que anunció en febrero tras las imágenes del matadero Vicente de Lucas, en Segovia, y exige coherencia a la Junta: no puede reconocer medidas correctivas y, al mismo tiempo, negar la existencia de infracciones. [1]
Las imágenes muestran animales introducidos en grupo en la zona de matanza, situaciones de miedo y estrés, disparos realizados sin control individual y animales que permanecen conscientes durante el desangrado y el colgado. En algunos casos, intentan escapar heridos y son posteriormente rematados con disparos.
Lo documentado constituye una cadena de incumplimientos graves de la normativa de bienestar animal aplicable en mataderos. Que hechos de esta gravedad puedan producirse en un establecimiento autorizado y bajo supervisión veterinaria oficial, como reconoce la propia Consejería en su respuesta, resulta aún más grave: no estamos ante un vacío legal ni ante una actividad sin control, sino ante un fallo en la aplicación efectiva y en la supervisión real de la normativa que debería haberlo evitado.
La referencia de la Consejería a la documentación sanitaria del traslado de los animales tampoco responde a la denuncia, ya que en ningún momento se ha cuestionado ese aspecto. El objeto de los hechos denunciados es lo ocurrido dentro del matadero durante el manejo, el aturdimiento y la matanza de los animales, donde se documentan las irregularidades en materia de bienestar animal.
Contradicciones en la actuación de la Administración
Tras la denuncia presentada por Igualdad Animal en diciembre de 2025, la propia Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad comunicó, a principios de febrero de este año, que se habían realizado controles adicionales, implantado medidas correctivas —lo que implica el reconocimiento de incumplimientos— e iniciado actuaciones administrativas para la incoación de un expediente sancionador.
Sin embargo, tras la publicación de los hechos en prensa, la Consejería ha modificado su posicionamiento público, limitándose a afirmar que el establecimiento contaba con autorización administrativa y supervisión veterinaria oficial.
Igualdad Animal subraya que su denuncia nunca cuestionó la autorización del matadero ni la documentación sanitaria de los animales, sino la existencia de infracciones muy graves en el manejo, el aturdimiento y la matanza de los ciervos.
Fallos del sistema de videovigilancia y falta de control efectivo
El Real Decreto 695/2022 obliga a que los mataderos dispongan de sistemas de videovigilancia. Sin embargo, este caso deja sin respuesta cómo pudieron ocurrir estos hechos en un matadero autorizado, qué falló en la supervisión, qué recogen las grabaciones obligatorias y por qué no se detectaron antes estas irregularidades, ocurridas el 5/3/2025 y puestas en conocimiento de la Administración el 19/12/2025.
La propia respuesta de la Administración, al insistir en la autorización del establecimiento y la supervisión veterinaria oficial, refuerza la evidencia de que los mecanismos de control no están funcionando: el acceso y control de las grabaciones sigue en manos de los propios operadores, lo que limita su independencia y eficacia. En la práctica, esto provoca que una herramienta concebida para garantizar transparencia y supervisión pueda quedar condicionada por quienes son precisamente objeto de esa supervisión. Este caso pone de manifiesto la necesidad de un sistema de videovigilancia independiente y transparente en todos los mataderos.
La obligación de sancionar no es discrecional
La normativa es clara: cuando existen indicios objetivos de infracción, la Administración no actúa de forma discrecional, sino reglada, debiendo incoar y tramitar el correspondiente procedimiento sancionador. Las imágenes evidencian infracciones conforme al Reglamento (CE) 1099/2009 y a la Ley 32/2007, especialmente en lo relativo al aturdimiento efectivo y al mantenimiento de la inconsciencia hasta la muerte. La autorización administrativa del establecimiento no excluye ni neutraliza el cumplimiento de la normativa ni la obligación de investigar y sancionar los hechos denunciados.
La gravedad de las imágenes, junto con el reconocimiento de actuaciones correctivas por parte de la Consejería, exige una respuesta administrativa coherente, proporcionada y plenamente ajustada al principio de legalidad
Anna Mulà, gerente de incidencia legislativa de la Fundación Igualdad Animal
Lo que reclama Igualdad Animal
Ante la gravedad de los hechos y la respuesta de la Administración, Igualdad Animal solicita:
– La incoación y tramitación del expediente sancionador anunciado por la propia Consejería, con todas las garantías y consecuencias previstas en la normativa.
– El acceso completo a la información relativa a las actuaciones de control realizadas, incluidos informes veterinarios, actas de inspección y resultados de las medidas correctivas adoptadas.
– Transparencia sobre el funcionamiento real del sistema de videovigilancia en el matadero, así como sobre las grabaciones correspondientes a los hechos denunciados.
– Una revisión del sistema de control oficial en mataderos para garantizar su eficacia real y la detección efectiva de incumplimientos de bienestar animal.
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