LA GUARDIA CIVIL ENTRA EN UNA GRANJA DE CERDOS DE ZARAGOZA Lo que documentamos en la granja de cerdos de Tauste

No son casos aislados: lo que casi dos décadas de investigaciones revelan sobre las granjas de cerdos

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El Gobierno de Aragón ha respondido a nuestra denuncia sobre una granja de cerdos de Tauste (Zaragoza) defendiendo que se trata de "un caso de entre tantos". Casi veinte años de investigaciones, los datos del propio sector, las auditorías europeas y las normas oficiales de inspección cuentan otra historia. En las granjas, buena parte del sufrimiento animal es legal y está normalizado. Y lo que está prohibido apenas se comprueba.
Por Diego Juarros Celestén, Productor de Contenidos de Campaña
20 de noviembre del 2026
Actualizado: 20 de noviembre del 2026

A finales de octubre documentamos en una granja de cría de cerdos de Tauste (Zaragoza) cadáveres de lechones y de cerdos jóvenes en descomposición en los mismos espacios en los que vivían otros animales, cerdos mordiendo esos cuerpos, lechones muertos en los fosos de purín, una cerda con una herida abierta de gran tamaño, ratas, cucarachas y unas instalaciones que, en palabras de uno de nuestros investigadores, parecían «a punto de desmoronarse». Un día después de nuestra denuncia, agentes del SEPRONA de la Guardia Civil y los servicios veterinarios oficiales entraron en la granja, y cuatro días más tarde el Gobierno de Aragón anunció su inmovilización con vistas a su posible cierre. Seguimos exigiendo saber quién la gestionaba, a quién vendía sus animales y qué ha pasado con ellos (puedes sumarte a nuestra petición aquí).

Una de las granjas de cerdos investigada por Igualdad Animal en 2026
Granja de cerdos en Tauste (Zaragoza), investigada en octubre de 2026.

La administración actuó, y hay que reconocerlo. Pero acompañó la inmovilización de un mensaje. Fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación pidieron no «criminalizar a las granjas por un caso de entre tantos», aseguraron que «la inmensa mayoría lo hace bien» y que «en todos los sectores hay gente negligente». Es una respuesta conocida. Cada vez que unas imágenes así llegan a los medios, la industria y las administraciones que deberían vigilarla recurren al mismo argumento: lo que se ve es una excepción, una manzana podrida. Pero los datos, incluidos los del propio sector y los de la propia administración, apuntan en otra dirección.

El relato de la excepción

El relato de la excepción resulta cómodo. A la industria le permite señalar a un granjero concreto. A la administración, actuar sobre un caso sin revisar sus controles. Y a quien consume le confirma que lo que compra procede de granjas donde las cosas se hacen bien.

Se sostiene, además, sobre ideas que parecen de sentido común: lo que muestran las imágenes debe ser ilegal, en España y en la Unión Europea hay controles estrictos y nadie trataría así a los animales de forma habitual.

Ese relato no surge solo. Se construye, y con mucho dinero, parte de él público. Entre 2016 y 2020, la Comisión Europea destinó al menos 252 millones de euros a campañas de promoción de carne y lácteos, el 32% de todo el presupuesto de su programa de promoción de productos agrícolas, según el análisis de Greenpeace «Marketing meat». Con esos fondos se han cofinanciado campañas de la interprofesional del porcino de capa blanca, Interporc, como «Let’s Talk About Pork», concebida para presentar el modelo europeo de producción de carne de cerdo como el más exigente del mundo. Ya en 2021 pedimos a la Comisión Europea que dejara de subvencionar este tipo de publicidad.

Frente a este despliegue de marketing, lo que la ciudadanía puede conocer de primera mano sobre lo que realmente sucede en el interior de una granja es prácticamente nada. Las naves están cerradas, los resultados de las inspecciones no se publican de forma desglosada y accesible, y el sector vende una imagen idílica en sus anuncios que poco se parece a la realidad. Lo que sabemos de lo que ocurre dentro lo sabemos, casi siempre, porque alguien lo ha investigado.

Una de las granjas de cerdos investigada por Igualdad Animal en 2010
Granja de cerdos en Murcia investigada por Igualdad Animal en 2010.

Dieciocho años de excepciones

Investigamos la ganadería industrial desde 2008. En este tiempo hemos realizado más de 180 investigaciones en granjas y mataderos y hemos documentado más de 1.200 instalaciones en catorce países. En las granjas de cerdos de España, los resultados se repiten con una regularidad que debería inquietar a cualquier administración.

En 2010 documentamos 172 granjas de cerdos en distintas comunidades autónomas, en una de las mayores investigaciones sobre animales de granja realizadas hasta entonces en el país. En 2012, nuestras imágenes de la granja El Escobar, en Murcia, llevaron a la detención de tres personas y a una de las mayores condenas por maltrato a animales de granja en España. En 2018 mostramos, junto al programa «Salvados», otra granja murciana que abastecía a una de las mayores cárnicas del país. En 2021 denunciamos una granja de Cataluña por irregularidades higiénico-sanitarias y posibles delitos de maltrato animal y medioambientales.

En los últimos años, la secuencia se ha acelerado. En 2023 documentamos cinco granjas con animales heridos, infecciones, prolapsos de útero y de ano y lesiones en el lomo, las patas y los ojos. En 2024, dos granjas de Ontiñena (Huesca) y Alfamén (Zaragoza), con canibalismo, gangrena, cadáveres en descomposición y agua contaminada, y el Gobierno de Aragón abrió expediente sancionador a las dos. En febrero de 2026 publicamos lo grabado en 2025 en nueve granjas de Zaragoza y Teruel: lechones agonizando, animales heridos y enfermos, mutilaciones y cadáveres junto a animales vivos. Y el pasado octubre documentamos lo que ocurría dentro de la granja de Tauste.

Una de las granjas de cerdos investigada por Igualdad Animal en 2025
Granja de cerdos investigada junto al equipo de Salvados en 2018.

Granjas distintas, años distintos, empresas distintas, y siempre las mismas imágenes. No es casualidad. No estamos ante un caso aislado ni ante la negligencia de unos pocos. Es la forma de funcionar de una industria que cría a millones de animales en el menor espacio y al menor coste posible.

Conviene ser precisos sobre lo que esta lista demuestra y lo que no. Nuestras investigaciones no son una muestra aleatoria del sector y no permiten calcular qué porcentaje de granjas incumple la ley. Lo que sí demuestran es que estas escenas aparecen en granjas grandes y pequeñas, en distintas comunidades y vinculadas a distintas empresas, año tras año. Cuántas granjas están así solo puede saberlo quien tiene la obligación y los medios para inspeccionarlas. Y, como veremos, nadie lo sabe.

El sufrimiento sale más barato

España mató 53,9 millones de cerdos en 2024, uno de cada cuatro de todos los que se mataron en la Unión Europea, según el Ministerio de Agricultura. Aragón, con más de 4.000 granjas de cerdos y casi diez millones de animales, es la comunidad con más cerdos del país. A esa escala, cada decisión de una granja se multiplica por miles de animales.

La explicación de fondo no tiene nada de misteriosa. La ganadería industrial es un negocio, y en un negocio tiende a recortarse todo lo que nadie paga. Un trabajador menos por nave, una revisión menos al día, un veterinario al que no se llama o un animal enfermo al que no compensa tratar. Cada uno de esos ahorros parece pequeño, pero sumados a lo largo de millones de animales pueden suponer una diferencia de beneficios millonaria para la industria. Es la misma lógica que encontramos en otros sectores, la de recortar gastos a costa del medio ambiente o de las condiciones de quienes trabajan, pero con una diferencia: los animales no pueden denunciarlo.

Los datos del propio sector muestran hasta dónde llega. Durante años, la selección genética ha buscado cerdas cada vez más prolíficas, que hoy paren camadas más numerosas que el número de pezones con los que pueden amamantarlas. Según BDporc, la base de datos de referencia del porcino español, en un estudio con más de 300.000 cerdas de 162 granjas españolas, cerca de uno de cada cinco lechones nacidos vivos murió o fue retirado durante la lactancia. Estos son datos de la propia industria.

Una de las granjas de cerdos investigada por Igualdad Animal en 2025
Lechón muerto encontrado en una investigación de 2025 en granjas de Zaragoza y Teruel.

Perfectamente legal, perfectamente cruel

El relato de la excepción da por hecho que el problema empieza cuando alguien incumple la ley. Pero buena parte del sufrimiento que documentamos es legal, porque la normativa está hecha a la medida de la producción y no del bienestar de los animales.

En España, las cerdas pueden pasar el parto y toda la lactancia encerradas en jaulas en las que no pueden darse la vuelta. Los lechones machos pueden ser castrados sin anestesia durante su primera semana de vida. En la industria del huevo, los pollitos macho, que no ponen huevos y no se consideran rentables para producir carne, se matan el mismo día en que nacen, por gas o por trituración, dos métodos que la normativa europea sobre la matanza de animales permite. Y la alimentación forzada de patos y ocas para producir foie gras, que el comité científico de la Comisión Europea calificó ya en 1998 de perjudicial para el bienestar de las aves, sigue permitida en cinco países de la UE. España es uno de ellos.

Una de las granjas de cerdos investigada por Igualdad Animal en 2023
Cerdas enjauladas en una granja investigada en 2023.

Todas estas prácticas son habituales precisamente porque la ley las permite, y llevamos años pidiendo que eso cambie. Más de 1,4 millones de personas firmaron en Europa la iniciativa ciudadana para acabar con las jaulas, y la Comisión Europea se comprometió en 2021 a hacerlo. La propuesta sigue sin presentarse, y la Comisión ha vuelto a dejarla fuera de su programa de trabajo para 2027. En España, la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, la norma más ambiciosa aprobada en esta materia, dejó fuera de su ámbito a los animales considerados «de producción», más de 1.000 millones cada año.

Incluso si todas las granjas cumplieran escrupulosamente la normativa, el sistema seguiría produciendo un sufrimiento enorme. Las investigaciones muestran lo que pasa cuando, además, se incumple.

Lo ilegal, casi nadie lo comprueba

Lo que sí prohíbe la ley no es poco. El Real Decreto 348/2000 obliga a inspeccionar a los animales «una vez al día, como mínimo» y establece que todo animal que parezca enfermo o herido «recibirá inmediatamente el tratamiento apropiado». La Ley 32/2007 prevé, para los incumplimientos más graves, multas de hasta 100.000 euros, el cese de la actividad o el cierre del establecimiento. El problema es comprobar que se cumple.

El corte de la cola es un buen ejemplo. A los lechones se les corta, sin anestesia, para evitar que se muerdan entre ellos por el estrés y la falta de estímulos. La normativa europea prohíbe hacerlo de forma rutinaria y, según el propio Ministerio de Agricultura, esa prohibición está en vigor desde 1991. Sin embargo, una auditoría de la Comisión Europea en España de 2017 concluyó que el país no tenía «una estrategia nacional definida» para reducir la caudofagia o evitar el corte rutinario de colas. Un año después, el Tribunal de Cuentas Europeo publicó un informe titulado «Bienestar animal en la UE: reducir la diferencia entre unos objetivos ambiciosos y su aplicación práctica», que señalaba precisamente el corte sistemático de colas entre las insuficiencias en las granjas. Es una práctica prohibida, generalizada y conocida por las autoridades europeas desde hace años.

Una de las granjas de cerdos investigada por Igualdad Animal: Zaragoza, 2026
Rabos de lechones cortados. EL raboteo rutinario es una práctica ilegal en España desde 1991.

Para vigilar el cumplimiento, el programa nacional de control oficial del bienestar animal en las granjas, que aplican las comunidades autónomas, fija como objetivo inspeccionar cada año el 3% de las granjas y establece un mínimo del 1%. A un ritmo del 3% anual, harían falta más de treinta años para pasar una sola vez por cada granja. Al 1%, un siglo.

El mismo programa establece que las inspecciones deben hacerse sin previo aviso, salvo cuando sea imprescindible, y en ese caso con un máximo de 48 horas de antelación. ¿Cuántas veces se avisa? No lo sabemos. No hemos encontrado ningún dato público que lo diga. Una granja que sabe con dos días de margen que va a recibir una inspección tiene tiempo de sobra para retirar cadáveres, limpiar y apartar a los animales enfermos.

Los datos oficiales que hemos podido encontrar tampoco permiten sostener que «la inmensa mayoría lo hace bien». En 2016, según una respuesta parlamentaria del Gobierno, las inspecciones de bienestar animal en granjas detectaron incumplimientos en casi una de cada cinco, y solo el 11% de esos incumplimientos acabó en un expediente sancionador. Son inspecciones dirigidas sobre todo a granjas de riesgo, así que esa cifra no puede extrapolarse al conjunto del sector. Pero precisamente por eso nadie puede afirmar lo contrario. Con este sistema de control, la administración no tiene datos para saber cómo está la inmensa mayoría de los animales de la industria.

Las instituciones pueden actuar, y a veces lo hacen, cuando alguien les pone las pruebas delante. Lo que su sistema de control no hace es encontrarlas por sí mismo. Nadie con una responsabilidad política debería poder afirmar en esas condiciones que «la inmensa mayoría lo hace bien».

Una de las granjas de cerdos investigada por Igualdad Animal: Zaragoza, 2026
Imágenes de cadáveres entre cerdos vivos en la granja investigada en Tauste.

Lo que sabemos, lo sabemos porque alguien lo investigó

La expresión «no es un caso aislado» ha acompañado a muchas luchas sociales por una razón sencilla: los problemas estructurales casi nunca se reconocen de golpe. Primero se presentan como excepciones y se atribuyen a individuos concretos, y solo dejan de poder negarse cuando los casos se acumulan y alguien los pone uno al lado del otro. Eso hacen las investigaciones.

Que esa tarea recaiga en organizaciones y periodistas debería preocupar a cualquier administración, que dispone de inspectores, registros de mortalidad, actas y capacidad sancionadora. Si lo que conoce la ciudadanía sobre el interior de las granjas depende casi por completo de investigaciones independientes, el problema ya no es solo lo que ocurre dentro, sino la falta de voluntad para saberlo.

Por eso no basta con cerrar una granja cuando sus imágenes llegan a los medios. Hacen falta más inspecciones, y que se realicen sin aviso previo. Hay que dotar a los servicios veterinarios oficiales de recursos suficientes para hacerlas. Las denuncias acompañadas de pruebas se tienen que investigar hasta el final y los resultados de los controles deben hacerse públicos. Hace falta saber quién gestiona cada granja y a quién vende sus animales, porque la ciudadanía tiene derecho a conocer de dónde vienen los productos que compra. Y hace falta una legislación que deje de permitir buena parte del sufrimiento que hoy se considera normal, empezando por las jaulas, la castración sin anestesia, la matanza de pollitos y la alimentación forzada.

Mientras nada de eso cambie, la próxima granja como la de Tauste probablemente ya existe, aunque todavía no sepamos dónde.

Todo lo que hoy se sabe de Tauste empezó con una investigación. Cada imagen que hemos llevado a los tribunales, a los medios y a las instituciones durante casi veinte años ha sido posible gracias a las personas que nos apoyan.

Una de las granjas de cerdos investigada por Igualdad Animal: Zaragoza, 2026
Granja d ecerdos investigada en 2026 en Aragón.

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Escrito por
Diego Juarros Celestén
Productor de Contenidos de Campaña

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