Administración pública y empresarios taurinos, codo a codo para preservar la tauromaquia
Además de las visitas guiadas de estudiantes a plazas de toros y la incursión de empresarios taurinos en las aulas para promover la tauromaquia, ayer se llevó a cabo en Roquetas de Mar (Almería) un tentadero de “carácter didáctico” con 1.200 niños de toda la provincia en una iniciativa del Ayuntamiento de esta localidad.
Durante el espectáculo fueron utilizadas tres vacas jóvenes, que tuvieron que soportar el capote del matador “El Fandi” y a un picador que “comprobó su estado de bravura”.
Algunos de los profesores que acudieron al tentadero con sus alumnos señalaron que sabían de antemano que los niños no iban a “ver sangre”.
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar también aprobó el mes pasado en pleno una moción presentada por el equipo de Gobierno del PP para declarar los toros patrimonio cultural inmaterial.
En esta línea, es también noticia la creación, ayer jueves, de un Premio de Cultura en la modalidad de Tauromaquia por parte de la Comunidad de Madrid, que desde este año se suma a los que anualmente concede el Gobierno regional en las categorías de Teatro, Danza, Música, Literatura, Artes Plásticas, Artes Cinematográficas y Audiovisuales, Fotografía y Patrimonio Histórico. El nuevo galardón, que, al igual que el resto de los Premios de Cultura, estará dotado con 18.000 euros, es consecuente con la decisión que la Comunidad de Madrid tomó en 2011 de proteger la Fiesta de los Toros declarándolos Bien de Interés Cultural.
También ayer jueves, fueron presentadas 587.000 firmas en el Congreso a favor de la ILP taurina que pretende revocar la prohibición de la fiesta en Cataluña y declarar la tauromaquia Bien de Interés Cultural a nivel estatal. El despliegue institucional con que fueron agasajados los taurinos resultó extremadamente inusual, incluso “desproporcional” y “excesivo” según algunos parlamentarios, ya que el Presidente del Congreso recibió a las personalidades del mundo taurino en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, que tradicionalmente se reserva para las ceremonias más solemnes.
Todas estas acciones llevadas a cabo por parte de empresarios taurinos y administraciones públicas ponen de manifiesto, una vez más, la connivencia entre los intereses particulares de quienes ostentan cargos de poder en ambas partes. La tauromaquia no sólo vulnera la vida de quienes son matados en las plazas, en una terrible agonía y ante el júbilo de un público indiferente (cada vez más minoritario), sino que vulnera también el sentir de una sociedad que ha evolucionado moralmente hasta el punto de no admitir como valor a preservar la tortura pública de un animal.
Querer mantener a toda costa una actividad ampliamente rechazada por la sociedad española, que cada vez es más consciente del injusto uso que damos a los demás animales, en un supuesto ejercicio de "libertad" y "democracia" de quienes defienden esta práctica, denota un tremendo cinismo y abuso de poder político.
Según estudios independientes del sector ganadero, cerca del 70% de la población española mayor de 15 años no tiene absolutamente ningún interés por las corridas de toros.
