Brasil permitirá a los mataderos contratar inspectores privados
El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil ha abierto una consulta pública para implementar la Ley de Autocontrol en los mataderos del país (Ley N.º 14.515, promulgada el 29 de diciembre de 2022), una nueva norma que transfiere la supervisión de los mataderos, actualmente a cargo de funcionarios públicos con independencia funcional y autoridad policial, a veterinarios contratados por los propios mataderos, a través de la acreditación de empresas privadas. Un cambio que permitirá a la industria contratar y pagar a empresas privadas para que supervisen sus propias irregularidades.
La diputada federal Duda Salabert (PDT-MG) ha presentado el proyecto de ley 2714/2025, que propone la derogación de la Ley de Autocontrol. La congresista advierte sobre los riesgos de ceder la responsabilidad de la inspección sanitaria en los mataderos a empresas privadas y defiende que esta función debe seguir siendo competencia exclusiva del Estado.
«Esta ley compromete el deber del Estado de proteger a la población y a los animales. Estamos hablando de un sector que históricamente presenta violaciones sanitarias y de bienestar animal. No hay justificación para externalizar las inspecciones a empresas con intereses comerciales directos en el proceso. Con el proyecto de ley 2714/2025, pretendemos restablecer la lógica de una inspección pública, transparente e imparcial, tal y como exige la Constitución»
Duda Salabert, diputada.
Para Igualdad Animal, organización internacional de protección animal, este cambio institucionaliza un conflicto de intereses.
«La Ley de Autocontrol forma parte de un proyecto más amplio para trasladar las responsabilidades del Estado a los individuos, debilitando todas las estructuras públicas que protegen a las personas y a los animales. La inspección sanitaria en los mataderos debe seguir siendo responsabilidad del Estado y no estar sujeta a los intereses económicos de la agroindustria»
Carla Lettieri, directora ejecutiva de la organización en Brasil.
La nueva norma de autocontrol también viola el artículo 5 de la Ley 14.515/2022, que prohíbe explícitamente la delegación de poderes policiales al sector privado. Además, allana el camino para un aumento de la crueldad hacia los animales, más carne contaminada en las mesas de los consumidores y un riesgo real de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos.
Desde 2022, Igualdad Animal, junto con más de 45 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la protección de los animales, la defensa del medio ambiente, la salud pública y los derechos de los consumidores, se ha opuesto activamente a esta legislación. La organización de protección de los nimales apoya una Acción Directa de Inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Supremo Federal por la Confederación Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria (CNTA).
Según Yuri Fernandes Lima, abogado especializado en Derecho Animal y Derecho del Consumidor, «la Ley de Autocontrol viola el artículo 170 de la Constitución Federal, que establece que el orden económico debe respetar la protección del consumidor y la preservación del medio ambiente, lo cual solo puede garantizarse mediante una inspección imparcial y externa de los mataderos». El abogado también destaca que la normativa podría exponer aún más a los animales a la crueldad y los malos tratos, prohibidos por el artículo 225, apartado 1, punto VII, de la Constitución Federal, y por el artículo 32 de la Ley de Delitos Ambientales.
Golpes y graves fallos en el aturdimiento de los animales
Animal Equality ya había denunciado los riesgos de esta medida a través de una investigación que obtuvo gran repercusión en los siete países en los que opera, además de Brasil. Las imágenes revelaron claramente lo que ocurre cuando los inspectores gubernamentales independientes no están físicamente presentes en los mataderos: trabajadores golpeando a los animales, infraestructuras deficientes que ponen en peligro el bienestar y la seguridad de los animales y, lo que es más alarmante, graves fallos en los procedimientos de aturdimiento. Esto significa que muchos animales estaban conscientes y sufrían dolor en el momento del sacrificio. Más allá del maltrato, las investigaciones también revelaron graves riesgos para la salud pública, ya que los mataderos operaban sin cumplir siquiera las normas mínimas de higiene y sanidad.
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