Corte Suprema de Iowa anuló ley Ag-Gag que prohibía investigaciones encubiertas
Hace casi 7 años, en el estado de Iowa fue aprobada una ley que convirtió en delito la obtención de imágenes ocultas en instalaciones agrícolas y cuyo objetivo era silenciar la investigación encubierta que denuncia el maltrato animal que ocurre en las granjas industriales.
Desde marzo de 2012, Iowa fue el primero estado en Estados Unidos en aprobar una ley que convirtió en delito la obtención de imágenes ocultas en instalaciones agrícolas y cuyo objetivo era silenciar la investigación encubierta que denuncia el maltrato animal que ocurre en las granjas industriales. Pero un juez federal acaba de declarar que la ley de 2012 es una clara violación a la Primera Enmienda y que, por lo tanto, no puede ser considerado como delito realizar investigaciones encubiertas en granjas, mataderos y cualquier otro tipo de instalación relacionada con la ganadería. James Gritzner, juez principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Iowa, mencionó que varias investigaciones encubiertas en granjas de Iowa revelaron que los trabajadores tiraban a cerdos contra el suelo y cortaban los picos de gallinas sin anestesia. Según Gritzner, fue después de que estas investigaciones captaran la atención a nivel nacional que Iowa creó el «fraude en las instalaciones ganaderas».
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Debido a esto, de acuerdo con un reporte de The Associated Press, ninguna otra investigación tuvo lugar desde hace casi 7 años en el estado. The Animal Legal DefenseFund, una de las organizaciones de protección animal que rechazó la aprobación de la ley y llevó adelante una demanda, declaró que la decisión del juez es «una victoria para la libertad de expresión y la protección de los animales». Stephen Wells, director ejecutivo de la organización dijo en un comunicado que «las leyes de Ag-Gag son un intento pernicioso de las industrias de explotación animal para ocultar algunas de las peores formas de maltrato animal en los Estados Unidos». Y concluyó: «la victoria de hoy deja en claro que el gobierno no puede proteger estas industrias a costa de nuestros derechos constitucionales». Fuente
