Exigimos la prohibición de la alimentación forzada
Activistas, convocados por la Fundación Igualdad Animal, han protagonizado un acto reivindicativo frente al Congreso de los Diputados reclamando a los partidos políticos que apoyen la Proposición no de Ley para prohibir la alimentación forzada en la producción de foie gras.
La PNL que fue presentada el pasado mes de marzo por el Grupo Parlamentario de Sumar, será debatida y votada en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados en las próximas semanas.
La Proposición no de Ley propone que el Gobierno inicie una consulta pública para evaluar la compatibilidad de la alimentación forzada con los informes científicos, el marco legal y la sensibilidad ciudadana actual, y que esta tramitación culmine en su prohibición. También reclama a la Unión Europea la revisión de las normas de comercialización del foie gras que actualmente obligan a que los hígados de patos y ocas alcancen unos determinados pesos mínimos.
«La alimentación forzada provoca graves daños y sufrimiento extremo a los animales. La ciencia y los organismos públicos coinciden en que no debe permitirse. Por ello, pedimos a los partidos políticos que apoyen esta PNL, que es una oportunidad para situar a España en la vanguardia del bienestar animal y responder a una demanda ética, legal y social ampliamente compartida»
Anna Mulá, gerente de incidencia legislativa de Igualdad Animal
Una de las prácticas más crueles de la industria alimentaria que sufren cada año 1 millón de patos y ocas
Cada año, alrededor de un millón de patos y ocas en España son sometidos a alimentación forzada, obligados a ingerir hasta 2 kilos de pasta de maíz al día mediante tubos durante sus últimas semanas de vida. Esto provoca que sus hígados crezcan hasta diez veces su tamaño normal, causando graves problemas de salud y sufrimiento.
De hecho, la alimentación forzada es una de las prácticas más crueles de la industria alimentaria que Igualdad Animal ha documentado mediante investigaciones, documentando el sufrimiento que padecen los patos y ocas sometidos a la alimentación forzada.
El Tribunal Supremo ha reconocido expresamente la sintiencia de patos y ocas
La reciente sentencia del Tribunal Supremo (STS 298/2025) ha reconocido expresamente la sintiencia de patos y ocas de una explotación ganadera, marcando un precedente legal relevante en la interpretación de los animales de consumo como seres vivos capaces de sentir, y no simples bienes de producción.
La legislación europea (Directiva 98/58/CE), reconoce que “Ningún animal criado en granjas deberá recibir alimentos que pueda causarle sufrimiento o lesiones innecesarias”, además, la normativa española (la Ley 32/2007 y el Real Decreto 637/2021) refuerzan el mandato de proteger a patos y ocas.
Los organismos oficiales consideran que la alimentación forzada no es tolerable
El Comité Científico de la Comisión Europea ya concluyó en 1998 que la alimentación forzada es perjudicial para las aves. Investigaciones recientes y asociaciones veterinarias han reiterado estas preocupaciones, desmontando el argumento de la industria que pretende justificarla como “natural”. Por su parte, la FAO afirmó en 2002 que no es una práctica tolerable.
Una inspección cada 40 años
España es, junto con Francia, Hungría, Bulgaria y parte de Bélgica, uno de los únicos cinco países europeos que todavía permiten esta práctica. En el resto de países de la UE ya ha sido abandonada.
En noviembre de 2024, el Gobierno reconoció en respuesta parlamentaria que no prevé adoptar medidas legislativas contra la alimentación forzada, limitándose a vigilar la normativa vigente. Sin embargo, los datos oficiales obtenidos revelan que apenas se inspeccionan unas pocas granjas cada año. Con esta frecuencia tan baja, cada explotación podría ser revisada como máximo una vez cada cuatro décadas, lo que demuestra que el sistema de control actual es ineficaz. Inspeccionar una práctica intrínsecamente cruel no es suficiente: debe prohibirse.
La sociedad rechaza mayoritariamente esta práctica
En Octubre de 2024 Igualdad Animal entregó más de 100.000 firmas en el Congreso poniendo de manifiesto que la sociedad española rechaza mayoritariamente esta práctica.
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